La injusticia minera a través del arbitraje internacional

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Es un proyecto minero de oro muy polémico en Guatemala. Tras años de protestas locales y acciones jurídicas, la Corte Suprema de Guatemala ordenó la suspension del proyecto en 2016 por falta de consulta previa con la población indígena afectada. Esta decisión fue reafirmada recientemente por la Corte de Constitucionalidad de Guatemala. La suspensión del proyecto ordenada por el tribunal y la protesta permanente de la comunidad están siendo atacadas en un caso de arbitraje internacional presentado por una empresa estadounidense en contra del gobierno guatemalteco. Esta investigación examina el arbitraje que Kappes, Cassiday & Asociados (KCA) ha presentado, el cual ahora está entrando a la etapa de revision de fondo en la sede del Grupo del Banco Mundial en Washington, DC.

A fines de 2018, la empresa KCA, con sede en Nevada, inició su demanda contra el gobierno guatemalteco ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) por un monto de más que 400 millones de dólares estadounidenses. En su notificación de arbitraje, la empresa alega que cumplió todos los requisitos reglamentarios, obtuvo los permisos necesarios y consiguió el apoyo de la comunidad para el proyecto minero El Tambor, ubicado al norte de la Ciudad de Guatemala. KCA alega que el gobierno guatemalteco violó el Tratado de Libre Comercio entre América Central y la República Dominicana (CAFTA-DR) al no proporcionar una protección adecuada a la inversión de KCA frente a las protestas de las comunidades, efectivamente sugiriendo que el gobierno no hizo lo suficiente para reprimir a la población opuesta a la mina de la empresa. También afirma que se ha visto perjudicada por la suspensión de su mina ordenada por las cortes por falta de consulta previa con las comunidades por parte del gobierno.

Este informe evalúa y proporciona evidencia que cuestiona las afirmaciones de KCA y responde a
sus omisiones, encontrando que:

  1. En lugar de respetar la legítima oposición de la comunidad a su proyecto de oro, KCA aumentó sus esfuerzos para construir la mina.
  2. La empresa no cumplió los requisitos reglamentarios en Guatemala.
  3. En su notificación de arbitraje, la empresa omite toda mención del uso de la fuerza violenta para abrir la mina. Sin embargo, la mina de oro de KCA entró en operación como resultado de la represión violenta contra los pobladores llevada a cabo por fuerzas de seguridad privada dirigida por militares en retiro y por fuertes contingentes de agentes antimotines de la PNC bajo un gobierno corrupto.
  4. KCA afirma que cualquier sospechoso de comportamiento criminal no es su culpa. Sin embargo, el liderazgo de KCA, inclusive presidente Daniel Kappes, ha sido sujeto de arraigo y ha estado bajo investigación penal en Guatemala.

Esta investigación revela además cómo KCA está aprovechando un sistema de arbitraje supranacional para tratar de presionar al gobierno guatemalteco, ya sea para dar luz verde a su controvertido proyecto de oro o para compensarlo por cientos de millones de dólares en ganancias futuras que la empresa tenía poca posibilidad de ganar.

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